La paciente, que falleció hace unos meses, quedó en silla de ruedas con una discapacidad del 76%
El Juzgado Penal número 1 de Terrassa ha condenado a María J. A.M., una pediatra de un centro de asistencia primaria de la localidad, a un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia. La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, indica que la condenada atendió a M.M. desde que nació en 1997 hasta 2012. En 2009 la menor empezó con dificultades para hablar y caminar, vómitos, dolores de cabeza o mareos, por lo que la familia empezó a preocuparse y a ha plantear a la doctora si podía sufrir una enfermedad neurológica.
Sin embargo, la pediatra no consideró que debía encargar pruebas más concretas para determinar el origen de las dolencias y aconsejó a la familia que apuntasen a la menor a actividades de psicomotricidad como el hip-hop. En julio de 2012, la paciente fue visitada de urgencias en la Clínica Dexeus y tras hacerle un TAC craneal se le encontró que tenía un tumor cerebral.
El juez considera que la pediatra, «a pesar de los síntomas presentados por la menor» las veces que la visitó en 3 años «no utilizó los medios disponibles (imágenes radiológicas, TAC, resonancia nuclear Magnética…) ni tampoco realizó derivación de la menor a neuropediatría todo ello necesario e imprescindible para realizar una correcta orientación diagnóstica. Como consecuencia de esta omisión de la acusada, se produjo una omisión y demora inexcusable en la actuación quirúrgica urgente que precisaba la paciente».
Por eso, la sentencia indica que «como consecuencia del lapso de tiempo transcurrido entre los primeros síntomas del tumor y el diagnóstico del mismo» la menor sufrió graves secuelas que la dejaron en silla de ruedas con una minusvalía del 76% con dificultades para hablar y oír, visión doble, parálisis facial derecha y otros problemas de salud. Las diversas operaciones no consiguieron extraer del todo del tumor. Hace unos meses, la menor falleció a consecuencia de esta patología. Además de la pena de cárcel, el juzgado impone una inhabilitación de dos años y medio de la doctora para ejercer la profesión.
Durante el largo proceso judicial, la familia y su abogado pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas por internet para pedir a la aseguradora que cubría la responsabilidad civil de la doctora en el ejercicio de su profesión la indemnización correspondiente para «darle a nuestra hija todos los cuidados» que necesitaba. En pocos días consiguieron unos 100.000 apoyos y la campaña se cerró con más de 233.000 firmas.
«Que dejen de vernos como un gasto en su abultada cuenta de beneficios conseguida gracias al cobro de todas nuestras pólizas y accedan, como mínimo, a reunirse con nosotros», pedía la familia en la campaña a la aseguradora y el Servei Català de la Salut ya que querían evitar el juicio a toda costa. Finalmente, poco antes de celebrarse la vista oral, la familia, representada por el abogado Borja Masramon, alcanzó un acuerdo con la compañía y recibió más de un millón de euros de indemnización.
Masramon afirmó que «este caso, en el que falleció una chica con toda la vida por delante, me marcó para para siempre. Vivimos con la familia una lucha desigual hasta el final y conseguimos una de las máximas indemnizaciones que se han dado en España por una negligencia médica. Es terrible que la Seguridad Social cuando se produce una negligencia médica tan clara y evidente no tenga ningún camino establecido que no sea una demanda judicial contra las compañías de seguros».
Además, añadió que «la sentencia debería animar a las personas que han sufrido negligencias médicas a reclamar. A veces piensan que no es posible exigir una compensación o indemnización ante una mala praxis médica y este caso demuestra que se debe tener esperanza».